La tortura en EEUU divide la clase polìtica

En toda sociedad de clase quien tiene el poder tiende a abusar de él en algún momento. Para ello, quienes ocupan las posiciones de poder definen qué se considera un abuso y cómo se debe castigar al responsable. En el caso de EEUU, se ha abierto un debate en torno a la tortura. La pregunta es sencilla: ¿debe el gobierno utilizar la tortura para extraerle información a las personas que tiene bajo su control?
A pesar de la sencillez de la pregunta, las implicaciones son muy complejas y deben ser cuidadosamente evaluadas. La idea de un debate sobre esta materia constituye, en sí, un paso atrás de siglos. Quienes participan del debate borran, de una vez, toda noción sobre los derechos humanos. No sólo en EEUU, practicante confeso de torturas a detenidos, sino del resto del mundo que lo tolera sin protestar.
En el debate se plantean cuatro niveles: el legal, el político, el utilitario y el moral. Aunque parezca absurdo, una de las partes asegura que la legislación norteamericana permite la tortura. Además, argumenta con pasión que la tortura es una herramienta política válida para la seguridad nacional. La otra parte, alega que la tortura debe abandonarse porque no arroja resultados útiles. Por último, se asegura que la víctima no tiene moral, es mala y perversa, por lo tanto es legítimo cualquier abuso, incluyendo la tortura.
En América latina, cuando los regímenes militares torturaban a los enemigos del orden establecido, lo hacían en forma secreta. No decían que era legal y menos que era políticamente correcto. Tampoco lo relacionaban con una moral justificadora. En su momento, la mayoría de los militares que abusaron del poder fue condenada por no respetar la ley, por sus errores políticos y por la inmoralidad de su actos.
En EEUU, el presidente Barack Obama quiere abordar los abusos y las torturas que cometió el expresidente George Bush en su “guerra contra el terrorismo” con guantes de seda y sin ensuciarse las manos. No lo podrá hacer debido a lo complicado del asunto. Si no logra extirpar a los torturadores de los “terroristas islámicos”, como llaman a los detenidos en sus campos de concentración, mañana justificarán la tortura de los traficantes de drogas y otros “enemigos”. Seguirán en la lista de torturados los inmigrantes ilegales y los partidarios del desarrollo en los países pobres. En esta misma lógica, seguirían los propios norteamericanos que serían llevados a cámaras de tortura especialmente concebidos para extraerles información.
En la década de 1950, para destruir el movimiento obrero norteamericano se creó la gran “cacería de brujas” encabezada por el Senado de aquel entonces. Fueron electrocutados varios “brujos” comunistas, otros fueron encarcelados y miles perdieron su empleo. Cuando comenzaron a buscar “comunistas” en las Fuerzas Armadas el presidente Eisenhower puso fin a las aventuras del Senado.
¿Podrá Obama poner fin a las torturas y controlar a los agentes que se alimentan de los temores ajenos?
En Panamá y en América latina hay una historia larga de abusos por parte de quienes detentan el poder y explotan el entorno natural y social. Los debates han sido álgidos entre quienes luchan por descubrir los atropellos y aquellos que hacen todo lo posible por encubrirlos. En estos momentos, en Panamá, se denuncian los casos de las muertes de obreros de la construcción y de pescadores por parte de fuerzas del orden. Igualmente, las actividades mineras, energéticas, turísticas y de comunicación están acabando con comunidades enteras en toda la geografía del país.
En el pasado reciente se luchaba contra los regímenes militares y sus abusos de los derechos humanos. En muchos de los casos – Panamá, Chile, Guatemala, Brasil y los demás – los responsables han sido llamados a capítulo y han tenido que responder por sus actos. En la actualidad, este debate – con ribetes políticos y éticos - en torno a los abusos, y concretamente sobre las torturas, se ha trasladado a los pasillos del poder en EEUU así como a sus medios de comunicación.
El presidente Barack Obama desde la Casa Blanca ha lanzado una ofensiva contra las prácticas de las distintas instancias norteamericanas que utilizan la tortura como forma de humillar y deshumanizar a los individuos que son identificados como amenazas a la seguridad nacional de EEUU. Obama plantea que la “técnica” asociada con la tortura produce muy pocos resultados y, más bien, ha desprestigiado a EEUU en la comunidad internacional.
Según el escritor mexicano Carlos Fuentes, el ex-vice-presidente de EEUU, Dick Cheney (2001-2009), se ha levantado como moderno Torquemada, para defender la nueva fe reciclada del “American Century” en el hemiciclo del Congreso norteamericano.
Cheney admitió ante los senadores que los torturados, “combatientes ilegales” en el lenguaje del gobierno de EEUU, eran vestidos con "chalecos explosivos, sus heridas escarbadas con un pie, sus dolores aumentados por pentotal sódico (y recibían) la amenaza de cortarles los ojos".
Cuando el senador John McCain le hizo una pregunta, Cheney le dijo: "Cierra la boca. Todos estamos aburridos de tus apologías contra la tortura. ¿Por qué no te unes al marica Specter (también senador) y te vas del otro lado? Cheney calificó a Obama, como "la delicada orquídea de Harvard" y lo acusó de "arrimarse a dictadores grasosos, dándoles besos a esos comadrejas europeos a los que nuestros militares liberaron".
Cheney declaró en la audiencia que entre los métodos de tortura autorizados por la Casa Blanca de George Bush se encontraban retirarle medicinas a los detenidos, simular que se les ahogaba, el uso de serruchos para intimidar e informes falsos sobre la muerte de un hijo del detenido.
Según The New York Times, la Casa Blanca aprobó a principios de la gestión de Bush el uso extremo y secreto de la tortura, e incluso la "desaparición" de los torturados. Cheney, en aquel entonces, insistió en su política de brutalidad y tortura y logró una orden ejecutiva autorizando los actos de coerción (los mismos que el ex vicepresidente defendió en el comité senatorial).
Condoleezza Rice fue la que recomendó el reconocimiento público de que EEUU tenía detenidos sospechosos de ser terroristas. Cuando este procedimiento fue aprobado en la Casa Blanca, Alberto Gonzales, el procurador general de Bush, propuso la teoría de la "inmaculada concepción": llevar los prisioneros a Guantánamo, sin admitir que antes estuvieron secretamente detenidos.
John Yoo, abogado del gobierno y co-autor de los “memorandos sobre la tortura”, sentó doctrina al señalar que “la víctima debe experimentar dolor o sufrimiento intenso, del tipo equivalente al dolor asociado a una herida física de gravedad, tan grave que provocaría la muerte, la falla de un órgano, o un daño permanente que provoque la pérdida de una función corporal importante”. El Juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, está procediendo con una investigación contra los llamados “Seis de Bush”, que incluye a Yoo y al ex procurador, Alberto Gonzáles.
Carlos Fuentes quien destapó las declaraciones de Cheney es más optimista en relación con Obama. Señala que “Obama trae una experiencia legal y una cultura jurídica que vienen a llenar el inmenso vacío dejado por la era Bush-Cheney. Al alegato de Cheney (la tortura era necesaria para la seguridad) Obama da a entender que la información obtenida bajo tortura suele o puede ser falsa, como lo demuestra la experiencia a posteriori de la era Bush-Cheney”. Además, agrega, que según Obama “la seguridad nacional no implica la violación de la juridicidad nacional o internacional. Al contrario, el apego al derecho desarma al enemigo y la violación del derecho nos asimila a él”.
En la década de 1950 el presidente Eisenhower logró poner fin a la “cacería de brujas” cuando logró destruir el movimiento sindical y, de paso, acabar con los militantes comunistas en EEUU sospechosos de desleales. ¿Podrá poner Obama fin a la “guerra contra el terrorismo” y a los abusos que desarrollaron sus promotores en las posiciones más elevadas del gobierno del presidente Bush?
Panamá, 28 de mayo de 2009.

Martinelli nombra un gabinete empresarial

El presidente electo Ricardo Martinelli, quien tomará posesión el 1° de julio, no dejó pasar mucho tiempo para hacer sentir su compromiso con la clase empresarial panameña. Además, el modelo neoliberal es mezclado con un fuerte compromiso con los capitales nacionales.
El programa de Martinelli reconoce los intereses de EEUU y la prioridad que debe darle a las políticas de las instituciones financieras internacionales. En ese sentido le dará seguimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno saliente. De igual manera, se ha declarado partidario de los acuerdos militares que Panamá tiene con EEUU. No está muy claro si entre sus planes está profundizar esos pactos.
En forma abierta, Martinelli y sus colaboradores han manifestado que no tolerarán protestas sociales de los trabajadores, educadores o comunidades. La represión al pueblo indígena por parte de la Policía Nacional no ha sido objeto de comentario por parte de quienes llegarán al poder en menos de seis semanas. Martinelli privilegia la utilización de las cuencas para la generación de energía eléctrica.
A pesar de esta inclinación, los sectores empresariales, que apoyaron las aspiraciones de Martinelli, se han sorprendido por los nombramientos realizados por el presidente-electo para ocupar posiciones en su consejo de gabinete. La mayoría de las figuras escogidas no tienen experiencia pública y sus especialidades se encuentran muy lejos de las responsabilidades que van a asumir. Hay un número plural de ministros-designados que vienen del mundo mediático, un indicio que el presidente-electo está impactado por su propio éxito en la manipulación de los medios de comunicación que lo llevaron al triunfo electoral.
El consejo de gabinete tiene 13 ministros de Estado (sin incluir los nombrados por decreto presidencial, modalidad introducida por el actual gobierno saliente). Un total de seis ministros son del Partido Cambio Democrático (CD) y cercanos colaboradores. El vicepresidente del CD, Roberto Henríquez, fue designado ministro de Comercio e Industrias, cartera ligada a las inversiones extranjeras. Martinelli designó a su abogada, Dora Cortés, para encargarse de la cartera de Trabajo.
Los nombramientos que más llamaron la atención fueron los de Salud, donde designó a su médico de cabecera. En Educación nombró a la periodista Lucy Molinar y en Desarrollo Social, quedó el popular presentador de televisión, Guillermo Ferrufino. Como ministro de la Presidencia, Martinelli tendrá a su jefe de campañas electorales ( 2004 y 2009), Demetrio “Jimmy” Papademetriu.
El Partido Panameñista (PP), que es la organización política más grande de la Alianza por el Cambio, sólo contará con tres ministros. El vicepresidente electo de la República, Juan C. Varela será el canciller. Alberto Vallarino C. quedó a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Vallarino y Varela se perfilan como precandidatos a la Presidencia para 2014. Al PP le tocó también el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).El tercer partido de la Alianza, Unión Patriótica, sólo tendrá el Ministerio de Gobierno y Justicia con Raúl Mulino al mando. Este despacho quedó menguado al nombrarse a un director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, cercano a EEUU y sin vínculos con los partidos de la Alianza. Los ministerios de Vivienda, Obras Públicas y de Asuntos del Canal quedaron en manos de empresarios de la construcción que velarán por sus intereses.
Panamá, 21 de mayo de 2009.

La resistencia heroica del pueblo naso

Mientras que Panamá se encontraba inmersa en las elecciones, que eligió como nuevo mandatario al empresario Ricardo Martinelli, en lo más profundo del país se está dando una batalla por la sobrevivencia de un pueblo indígena. Los poblados indígenas naso-teribe de San San y San San Druy – en Bocas del Toro - fueron destruidos el 30 de marzo del presente por maquinaria de la empresa Ganadera Bocas, S.A. que en compañía de agentes de la Policía Nacional nivelaron la escuela, la iglesia y el centro de la Cultura Naso, así como 30 viviendas tradicionales.
Después de las elecciones, la población en las comunidades indígenas naso vivieron nuevamente momentos tensos cuando personal de la empresa Ganadera Bocas amenazó a los pobladores con arma de fuego y la maquinaria de la empresa continuó su labor de destrucción en los alrededores de las comunidades.El capataz de la empresa ganadera, Roberto Audibeth, quien supervisa la labor de la maquinaria pesada de la Ganadera Bocas en el área, desenfundó su arma y profirió amenazas frente a varios de los pobladores de las comunidades indígenas, las cuales fueron destruidas en su totalidad a fines de marzo.Durante el fin de semana la maquinaria arrancó árboles a orillas del río San San y causó daños a un puente peatonal que da acceso a los pobladores del área. El lunes personal de la empresa bloqueó la carretera que conduce a más de 8 comunidades indígenas de la región al abrir una profunda zanja en la carretera.Luis Gamarra, representante de la comunidad naso en el grupo que acampa en Plaza Catedral en Ciudad de Panamá desde hace más de tres semanas, declaró que "la comunidad exige una respuesta inmediata de las autoridades ante las constantes amenazas con armas de fuego que hacen los administradores de la finca de Ganadera Bocas, así como la obstrucción de la servidumbre pública que conduce a varias comunidades".
El comunicado que se transcribe fue preparado por los líderes del pueblo naso y repartido entre los periodistas que llegaron a las inmediaciones de la Plaza de Independencia en el Casco Viejo de la ciudad de Panamá. La declaración destaca la decisión inquebrantable de quienes están luchando por la defensa de una cultura que el gobierno panameño está dispuesto a exterminar. Las familias desalojadas se han resistido a abandonar sus tierras ancestrales y llevan 43 días durmiendo a la intemperie. Al mismo tiempo, una delegación de indígenas naso, incluyendo al rey naso, Valentín Santana, cumplen un mes de acampar en la Plaza de la Independencia, a pocos metros de la Presidencia.

Activistas panameños y del mundo se solidarizan con ellos, mientras el Gobierno Nacional sigue bloqueando toda solución justa que les devuelva la tranquilidad a las familias para volver a sus tierras y comenzar a reconstruir sus vidas.

Ejemplo de solidaridad fue el Festival y campamento “Todos somos Naso”, que se llevó a cabo el pasado fin de semana reuniendo por 48 horas en la Plaza a cientos de personas y una treintena de artistas que presentaron su música en medio de actos culturales. Las acciones de protesta y solidaridad se intensificarán en la medida en que el Gobierno ignore el sacrificio humano de los naso.
Panamá, 14 de mayo de 2009.

Martinelli y el giro a la derecha en Panamá

Muchos observadores de la política panameña se preguntan si la elección del nuevo Presidente de la República, Ricardo Martinelli, representa un giro hacia la derecha con relación al gobierno saliente. La misma pregunta se la hacen planteando si el triunfo de Martinelli representa el triunfo de una corriente de derecha que deja atrás la propuesta de más neoliberalismo de Balbina Herrera, abanderada del PRD. Durante la campaña, Martinelli enfatizó su compromiso con el tratado de libre comercio con EEUU e insistió que su política exterior se subordinaría a los dictados de Washington. Además, prometió una disminución de la tasa de impuestos para los más ricos. Al mismo tiempo, propuso “cambiar” el sistema educativo público, los servicios de salud y la seguridad social. En torno al Canal de Panamá no tiene propuesta que altere el actual panorama. En materia de ambiente, cultura, género y ciencia no compartió con el electorado sus preocupaciones.
En el caso de Balbina Herrera, la candidata perdedora, también dio garantías que impulsaría el tratado comercial con EEUU. Además, se distanció de los gobiernos independientes de la región subrayando su lealtad hacia Washington. Se comprometió a respetar el CAIR, modelo impositivo introducido por el actual gobierno. La candidata del PRD apoyó los planes para “descentralizar” los servicios públicos que privatizarían la educación, la salud y la seguridad social. Con relación al Canal de Panamá así como ambiente y género no presentó novedades. En materia de cultura y ciencia Balbina presentó algunas ideas que no serán consideradas por Martinelli.
Para responder a la pregunta si Martinelli representa un giro a la derecha, también se puede examinar la composición del grupo que lo acompañó durante la campaña y que ahora suena para integrar su consejo de gabinete. La mayoría son empresarios con formación en ingeniería y derecho, que se declaran ideologicamente de derecha. Hay algunos representantes de partidos políticos y de los medios. Entre los empresarios se destacan los que tienen intereses en el mercado nacional. El equipo aparentemente no cuenta con tecnócratas salidos de las escuelas “neoliberales”. Lo que no quiere decir que los despachos del sector económico del gobierno no se encuentren bien equipados con especialistas del trasnochado “Consenso de Washington”.
Entre las figuras que rodearon a Balbina Herrera se destacaron los neoliberales y un sector importante que se autodenomina socialdemócrata. El PRD es miembro de la Internacional Socalista pero su programa y militantes se declaran social-liberales. Este grupo fue reclutado por el General Torrijos en la década de 1970 y formaron una alianza con el Frente Empresarial del PRD. Los neoliberales se adhirieron en la década de 1990 ocupando posiciones claves en los ministerios del sector económico. Su presencia sigue siendo dominante y es probable que Martinelli los utilice para desarrollar sus relaciones con EEUU y las instituciones financieras internacionales.
La victoria de Martinelli redefine la derecha en Panamá. Desde 1994, con el triunfo de Pérez Balladares, se perfilaron dos tendencias en la derecha política. Por un lado, los neoliberales que encontraban su nicho de poder en las filas del PRD. Por el otro, una derecha más tradicional vinculada al mercado nacional, ligada al Partido Panameñista. Desde la invasión norteamericana (1989) cada uno gobernó en forma alternada dos períodos de cinco años cada uno. Sus gobiernos no se destacaron mucho por sus logros. Más bien queda el recuerdo del desgreño administrativo y la corrupción.
La nueva administración de Martinelli – que asumirá el poder el 1º de julio de 2009 - se encuadra ideológicamente con la llamada derecha tradicional. Sin embargo, el presidente electo no es panameñista. Creó el Partido Cambio Democrático en 1998 para apoyar a Mireya Moscoso (líder panameñista) en su campaña que la llevó a la presidencia en 1999. En 2004 lanzó su propia candidatura y fue derrotado en forma contundente.
El triunfo electoral de Martinelli en 2009 puede deberse, por un lado, a la crisis interna del Partido Panameñista que se agudizó como consecuencia de los cambios estructurales generados por las políticas neoliberales (énfasis en la economía de servicios, desaparición del mercado interno). El divisionismo terminó subordinando al panameñismo a Martinelli. Por el otro, el gobierno del PRD fue víctima del voto castigo por la falta de políticas coherentes. Para rematar, en la recta final de la campaña surgieron divergencias en la dirección del PRD.
Martinelli tendrá oportunidad de diferenciarse de los gobiernos PRD y panameñistas en dos áreas muy específicas. Pocos, sin embargo, creen que se esforzará demasiado. La primera será corregir el manejo administrativo del aparato gubernamental. La segunda será poner fin a la complicidad gobierno-empresa privada en la corrupción. Su equipo, sin embargo, al igual que los del panameñismo y del PRD, responde a una visión de derecha. Las políticas se diseñarán para beneficiar a los más ricos y castigar a los más pobres.
Mayoría del 60 por ciento
Martinelli sorprendió al país cosechando el 59 por ciento de los votos emitidos el domingo, 3 de mayo. La candidata del PRD, Balbina Herrera, sólo alcanzó obtener el 37 por ciento. Según el Tribunal Electoral, la participación alcanzó un 73 por ciento de la población con derecho a sufragar. El número indica una merma comparado a las últimas tres elecciones celebradas en Panamá.
El total de 900 mil votos obtenidos por Martinelli reflejan tres tendencias muy marcadas. Por un lado, el voto castigo contra el PRD. Por el otro, el aporte del Partido Panameñista que alcanzó niveles antes desconocidos por la agrupación. Además, una juventud que votó por una alternativa diferente y que sólo encontró a Martinelli.
Fue precisamente en el estrato joven donde Martinelli logró el mayor apoyo a su imagen que proclamaba el “cambio”. En los grupos de edad más viejos el PRD se recuperó un poco pero no lo suficiente para alcanzar al “magnate” de los supermercados. Balbina Herrera ganó en las comarcas indígenas y en las provincias de Colón y Darién.
El triunfo de Martinelli se notó más en las provincias centrales y en Chriquí. En esta última provincia casi llega al 70 por ciento de los votos. Sin embargo, donde fue más espectacular el triunfo de Martinelli fue en la región metropolitana. En los circuitos electorales de la ciudad de Panamá derrotó a los candidatos a diputado que tenían lustros atrincherados en sus baluartes. Además, le arrebató al PRD la Alcaldía de la ciudad de Panamá que en un principio los oficialistas creían segura. El alcalde electo, empero, tiene un juicio pendiente en el Tribunal Electoral por haber renunciado en 1996 a su nacionalidad panameña en EEUU, lo que legalmente le impide ejercer su ciudadanía.
La barrida de Martinelli influyó también sobre la composición de la próxima Asamblea de Diputados. La Alianza de Martinelli, formada por los partidos Panameñista, Cambio Democrático, Unión Patriótica y Molirena, le brindará al futuro Presidente una cómoda mayoría de 41 diputados (de un total de 71). El PRD tendría sólo una tercera parte (24) de las curules de la Asamblea. El Partido Panameñista tendrá 20 diputados.
Martinelli convocó a un gobierno de “Unidad Nacional” que, con los resultados de las elecciones a nivel de la Asamblea, no tendrá la urgencia que se suponía originalmente. Desde la invasión militar norteamericana de 1989 la Asamblea dejó de ser un cuerpo político dinámico. Sus iniciativas dependen casi en su totalidad del Ejecutivo. Martinelli tendrá que demostrar una cualidad que aún se le desconoce: capacidad de dirección política para impulsar su programa de gobierno.
La izquierda política
En la presente coyuntura, la izquierda política panameña se encuentra atomizada, sin poder presentar alternativas electorales al pueblo. En la coyuntura electoral de 2009, una alianza de fuerzas de izquierda levantó la candidatura de Juan Jované, profesor de Economía de la Universidad de Panamá, quien pretendió presentarse mediante la libre postulación. El Tribunal Electoral rechazó la solicitud de Jované señalando que sólo los partidos políticos estaban legalmente autorizados para presentar candidaturas a la Presidencia de la República. Jované llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia alegando que el artículo que interpretaban los magistrados del Tribunal Electoral era inconstitucional. Faltando apenas tres días para las elecciones, la Corte Suprema dio a conocer, mediante un comunicado, su falló contra el Tribunal Electoral y a favor del recurso de Jované. Sin embargo, ya era muy tarde para introducir el nombre de Jované en la papeleta electoral.
Jované representa una fracción de la izquierda organizada políticamente. Otro sector de la izquierda, organizado en torno a FRENADESO, rechazó la convocatoria electoral calificándola de un “circo” de las clases dominantes. Hizo un llamado a la abstención o al voto en blanco. Entre las organizaciones pertenecientes a FRENADESO se destaca el poderoso sindicato de los obreros de la construcción, las asociaciones de profesores de secundaria, asociaciones estudiantiles y otros sindicatos.
La campaña de Jované contó con el apoyo del Partido del Pueblo (comunistas) y del Partido Alternativa Popular. También recibió el respaldo de poderosos sindicatos de los trabajadores de la industria de las bebidas, con asociaciones de empleados, grupos estudiantiles y otras organizaciones. Jované trabajó hasta el último día permitido movilizando el voto “protesta”. A su vez, anunció que inmediatamente después de las elecciones seguiría su campaña política de educación y movilización populares a lo largo del país.

Los movimientos sociales
La monopolización de los partidos políticos por parte de los sectores empresariales en los últimos 20 años ha obligado a los movimientos sociales a expresar sus reivindicaciones en las calles y campos. Los trabajadores han rechazado – sin éxito - la imposición de la flexibilización de las relaciones obrero patronales protestando en las calles de las ciudades del país. Los gobiernos han respondido con más legislación y represión. Durante la campaña que culminó en mayo de 2009, los candidatos a la Presidencia no se refirieron al problema del costo de la vida, del empleo informal y del empobrecimiento de los trabajadores. Sólo Juan Jované, cuya aspiración a ser incluido en el proceso electoral fue rechazado por el Tribunal Electoral, denunció la política laboral represiva del gobierno.
Las organizaciones comunales, tanto urbanas como rurales, tampoco encuentran expresión en las instancias políticas. Sus protestas se verifican mediante cierres de vías y manifestaciones públicas cotidianas. Martinelli enfrentará un descontento social permanente en torno a problemas como el agua, los caminos de acceso, la destrucción causada por la construcción de represas, la operación de minas y el desarrollo turístico. Comunidades de todo el país están siendo destruidas junto con ríos, playas y bosques.
Martinelli tendrá que enfrentar las protestas populares por la inexistencia de un sistema de transporte público, el abuso de los promotores urbanos (urbanizaciones, corredores y “tranques”), la violencia producto de la corrupción y de las guerras “territoriales” por el control del tráfico de drogas, de la prostitución, la explotación del trabajo infantil, entre otros problemas.
El incremento de la violencia y de la criminalidad se ha querido enfrentar con lemas como “calles seguras” o “mano dura” que están diseñados para reprimir a la juventud y aumentar la población carcelaria. El equipo que está siendo convocado para constituir el próximo gobierno, que seguirá asesorada por EEUU, no asocia el problema de la criminalidad con la cuestión social.
Economía
Martinelli le prometió a los empresarios panameños un gobierno que pondrá sus intereses por encima de todo lo demás. En primera instancia, señaló que reduciría en forma significativa los impuestos. Además, que les daría otros privilegios como subsidios, mayor flexibilización de las relaciones con los trabajadores y acceso rápido a los corredores del poder. Martinelli, sin embargo, no cuenta con un plan de contingencia para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial que ya se siente en la economía y promete agudizarse en el transcurso del año.
Las promesas de Martinelli se enfrentarán a varios obstáculos. El principal será los intereses de los sectores financieros que controlan la mayor parte de la economía. Los empresarios de la banca y de la Zona Libre de Colón, quienes no pagan impuestos, requieren de un aparato estatal que funcione para lo cual necesita recaudar fondos. Desde principios de la década la recaudación tributaria ha crecido gracias al incremento de los peajes del Canal de Panamá. Otra fuente es el impuesto a la renta que incluye el CAIR y el ITBM. Además, en forma indirecta las cuotas de la Caja del Seguro Social.
Si Martinelli elimina el CAIR tendrá un problema muy serio para reemplazar esa fuente de ingresos. Tendría que afectar a los sectores vinculados a la economía de servicios que se exportan o tendría que incrementar los impuestos de los trabajadores. Algunos de los sectores cercanos a Martinelli plantea el “flat tax”, subir el ITBM y otros impuestos (como la gasolina). La otra manera sería reducir los servicios de educación, salud, seguridad ciudadana y seguridad social que presta el gobierno a la población, en general.
Todo indica que Martinelli preferiría enfrentarse a los sectores populares. Los diferentes sectores organizados ya se preparan para asumir la defensa de sus intereses. La falta de un instrumento político que los represente en las distintas instancias institucionales del país los dejará con un flanco débil. Hay indicios, sin embargo, que los trabajadores organizados en torno a la candidatura de Jované y de FRENADESO buscarán formas de unir fuerzas. Otro problema lo constituye una izquierda “torrijista” cautiva dentro del PRD sin probabilidades de separarse de sus “aliados” que encabezan la fracción financiera del capital panameño.
Política exterior
Los resultados de las elecciones panameñas aparentan marcar una tendencia contraria a la del resto de América latina que se mueve hacia la izquierda del espectro político. En política exterior no hay indicios de que las relaciones de Panamá con el mundo se mueva hacia posiciones que favorezcan al país. La política exterior seguirá en manos de los sectores más subordinados a EEUU, sin posibilidad alguna de proyectar políticas que promuevan el desarrollo de un mercado interno o alianzas con propuestas como ALBA.
Los aliados más próximos de Panamá, además de EEUU, serían los gobiernos de Colombia y México (declarados “estados fallidos” por Obama). Le seguiría en importancia estratégica Chile, después de un hipotético triunfo electoral de la derecha este año en ese país. Lo más peligroso en materia de política exterior es la insistencia de EEUU de querer instalar nuevamente una base militar en Panamá. Panamá podría convertirse en un segundo Haití, amarrada por acuerdos militares con EEUU y ocupada por tropas de otros países latinoamericanos. Este escenario daría pié para responder de manera contundente a la pregunta si la elección de Martinelli representa un giro a la derecha.

Ricardo Martinelli Berrocal tiene 53 años de edad y es oriundo de Soná, provincia de Veraguas. Es presidente fundador del Partido Cambio Democrático. Ocupó importantes cargos públicos en gobiernos pasados del PRD y del Partido Panameñista. La familia tiene importantes propiedades agrícolas y el presidente electo es socio principal del Ingenio La Victoria. Además, es propietario de la cadena de supermercados más grande del país. Estudio milicia en una Academia de EEUU.

Juan Carlos Varela, vicepresidente electo, tiene 56 años de edad, fue designado por Martinelli como futuro canciller de la República. Es presidente del Partido Panameñista que lanzó su candidatura a la Presidencia en 2008. Declinó posteriormente y se unió a la nómina de Martinelli. Su familia es propietaria de Varela Hermanos, S.A., donde se fabrican el seco (aguardiente) Herrerano y el ron Abuelo. Hizo estudios universitarios en EEUU. Es un militante de Opus Dei.
Panamá, 7 de mayo de 2009.

Campaña llena de escándalos decepciona

La campaña electoral en Panamá ha llegado a su fin y este domingo, 3 de mayo, los panameños concurrirán a las urnas. Hay consenso en que la campaña de 2009 ha sido la más pobre y escandalosa en los últimos años. Los pronunciamientos de los tres candidatos a la Presidencia se han destacado por su falta de contenido. Sobre los grandes problemas que aquejan al país no han presentado propuestas. Ninguno de los candidatos ha presentado un plan de gobierno que, de manera coherente, defina una estrategia para enfrentar las diferentes tareas.
La seguridad ciudadana, que preocupa más al pueblo, se encuentra desdibujada en los pronunciamiento de los candidatos. Igualmente, el desempleo, estrechamente vinculado al costo de la vida, fue casi ignorado por quienes pretenden gobernar el país en los próximos cinco años.
Gane quien gane, la falta de una visión de nación colocará en peligro la estabilidad del país. La crisis de acumulación económica que afecta los países más poderosos del mundo ya se siente en Panamá y no existe un plan para enfrentar sus consecuencias. A su vez, la corrupción parece que seguirá dominando el estilo de gobierno que caracteriza las relaciones entre políticos y empresarios.
En el plano político, Ricardo Martinelli, candidato del Partido Cambio Democrático, en declaraciones recientes no descartó que sumaría a la oposición a su proyecto si ganara las elecciones. Es probable que Martinelli no tendría una mayoría en la Asamblea de Diputados. Sus asesores más cercanos le han recomendado que convoque a un “Gobierno de Unidad Nacional” antes del 1º de julio para lo cual tendría que invitar al PRD a formar parte de su gabinete. Lo más probable es que el PRD rechace esta invitación, creando una crisis de gobernabilidad. Sin embargo, existe la posibilidad de que una fracción del PRD decida pasarse a las filas de un gobierno hipotético de Martinelli. La fracción disidente le daría a ese gobierno una mayoría en la Asamblea de Diputados y un manejo legislativo imprescindible.
A cambio de esta contribución, Martinelli tendría que cederle a esa fracción una o dos posiciones en el Gabinete. Preferiblemente las carteras de Economía y Finanzas (MEF) así como de Comercio. En los centros de campaña del empresario de supermercados se barajan dos nombres fijos para el despacho superior del MEF. Uno es del Partido Panameñista y el otro es un tecnócrata que respondería a los intereses de la fracción del PRD.
Los asesores de los candidatos que aspiran a la Presidencia, tienen en la mira tres objetivos: las finanzas (redistribución de la riqueza hacia los estratos más ricos), la seguridad nacional (militarización de la Policía) y la ampliación del Canal de Panamá. Los problemas de desarrollo nacional serán ignorados. Como consecuencia, sólo se pueden pronosticar cinco años de desgreño administrativo y problemas de gobernabilidad.
Hay una nota positiva: Durante la campaña apareció la voz disidente de Juan Jované quien, a la cabeza de una propuesta independiente, presentó un programa de desarrollo del país basado en el fortalecimiento de un mercado nacional y en la redistribución de la riqueza. La campaña disidente, que continuará después del 3 de mayo, ha llamado a un voto “Jované Presidente” o un voto en blanco.
Panamá, 30 de abril de 2009.