Torrijos decidido a privatizar la salud

Por más de 25 años el sistema de salud panameño se ha estado deteriorando como consecuencia de las políticas públicas de reajuste que privilegian los intereses de un puñado de empresarios, perjudicando a la población, especialmente niños y madres. Además, esta política contribuye a la violencia y a la criminalidad rampante al agudizar las enormes desigualdades sociales que caracterizan a Panamá.
Hemos insistido sobre la necesidad de enfocar los problemas sociales desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, planteamos que “la falta de seguridad ciudadana es consecuencia del incumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En vez de más cárceles, se necesita un plan de educación universal. Tampoco hay que hablar más de crear estamentos armados represivos y, en su lugar, hablemos de invertir en un plan nacional de salud (preventivo) y seguridad social”. Como respuesta a estos planteamientos, el gobierno panameño introdujo a la Asamblea de Diputados el proyecto de ley neoliberal que privatiza el sistema de salud del país. El presidente Martín Torrijos quiere dejarle a todos los panameños un sistema que ponga fin a 40 años de salud pública, inaugurado por su padre – el general Omar Torrijos H. – con la creación del Ministerio de Salud en 1969.
El lema del Ministerio de Salud, creado en aquella época, era “Salud igual para todos” y el plan reflejaba ese objetivo. Consistía en construir un sistema de salud a lo largo y ancho del país que le diera a todos los panameños – no importa de que origen social – la oportunidad de recibir atención en materia de salud. Se planteó como lo más importante para la salud el tener acceso a la buena alimentación, al saneamiento ambiental (mucho antes de los movimientos ambientalistas), al agua potable y a la vivienda que le diera protección a la familia. En segundo lugar, se privilegió el seguimiento del niño desde su nacimiento hasta los cinco años de edad y a la madre en la etapa de su gestación. En tercer lugar, se realizó una campaña permanente de educación y organización de las comunidades en torno a los problemas de la salud. Los gobiernos nacional y locales invertían sus recursos para trabajar con la gente en la construcción de centros de salud, escuelas, puentes, huertas y nuevas ideas en torno a la salud.
También se privilegió, en la década de 1970, la construcción y modernización de centros de salud y hospitales muy necesitados en el interior del país, así como en la Capital. Se hizo énfasis en la formación de profesionales y técnicos de la salud. Tampoco se olvidó estimular a los trabajadores de la salud mejorando sus ingresos y dándoles más responsabilidades en sus comunidades, en sus gremios y a nivel nacional. Se buscaron acuerdos de toda índole para que la gente tuviera acceso a los mejores medicamentos al precio más módico. El presupuesto destinado a la salud se multiplicó varias veces en la década de 1970 con los esfuerzos por elevar la participación de la gente en la producción de la salud. Cada familia, cada comunidad y el país entero se movilizó para hacer realidad el lema de “Salud igual para todos”.
Con los llamados “ajustes económicos” de la década de 1980, se cuestionó la viabilidad de los programas de salud de Panamá. Se planteó que la salud no era un derecho de la población. Más bien, decían los neoliberales que se insertaban en las oficinas públicas, la salud puede ser un buen negocio para el beneficio de los empresarios. Así se comenzó a hablar de la privatización del saneamiento ambiental y del agua. La atención de los niños y de la madre, en todo el país, comenzó a disminuir debido al alto costo que representaba. Los programas de educación permanente fueron debilitándose y con el tiempo se volvieron caricaturas introducidas por agencias como el Banco Mundial, el BID y el FMI.
A pesar de los recortes en servicios de salud, en la construcción de centros hospitalarios y en la compra de medicamentos, los presupuestos en el sector salud siguieron aumentando. A lo largo de la década de 1980 y 1990 los programas de salud del gobierno se convirtieron en excelentes negocios. Incluso, durante los años en que EEUU agredió con un bloqueó a Panamá (1987-1989) las ganancias fueron aún más generosas para los empresarios. La salud tal como fue concebida en la década de 1970 desapareció y se convirtió en un negocio. Las empresas farmacéuticas, de equipos médicos, las constructoras y sus financistas se repartían los presupuestos nacionales en combinación con funcionarios corruptos. Mientras más recursos tenía el presupuesto del gobierno menos servicios recibía la población y más ganancias hacían las empresas especializadas en descuartizar las aspiraciones populares.
Pero, incluso, este sistema de rapiña se hizo insuficiente para satisfacer las aspiraciones desorbitadas de quienes se beneficiaban del presupuesto de salud asignado por la nación. A fines de la década de 1990 y en la presente década, se desató una nueva ofensiva contra la salud de la gente. Los gobiernos PRD y panameñistas (incluyendo al actual candidato Martinelli) sacaron el machete decididos en cortarle todo recurso de salud a la población. En sus cinco años en la presidencia, Martín Torrijos y su equipo, han trabajado arduamente por convertir en ley un proyecto de “descentralización” de todos los servicios de salud. En la actualidad, el proyecto se está debatiendo en la Asamblea de Diputados.
El proyecto consiste en traspasar todo plan de salud del nivel nacional a los municipios. En Panamá hay 71 municipios. Con la excepción del distrito capital, los demás municipios viven en una situación deficitaria permanente. Reciben regularmente subvenciones del gobierno nacional para satisfacer sus necesidades. Los municipios – incluso el distrito capital – no tienen capacidad para confeccionar planes integrales de salud. En última instancia, los “planes” de salud caerían en manos de las empresas trasnacionales y sus socios locales, especializados en vender medicamentos, equipos de salud y prestar servicios. El objetivo de estas empresas, que someterán a los municipios así como a sus funcionarios, no será prestar servicios de salud. Su objetivo único es y seguirá siendo hacer dinero y garantizarle a sus dueños muchas ganancias.
Los gremios médicos y otros sectores han denunciado esta situación. Sin embargo, las empresas vinculadas a la salud han logrado silenciar a la opinión pública y a los medios de comunicación ante el atraco que tendrá costos muy elevados para el país. En la actualidad, la prestación de servicios de salud ha colapsado (Salud y CSS), la salud ambiental nunca ha estado peor (basura, dengue y otros problemas) y los indicadores cada día son más alarmantes (han regresado las enfermedades contagiosas, las respiratorias y las tasas altas de morbilidad). El gobierno señala que el presupuesto de salud incrementa anualmente. Es verdad, sin embargo, es para aumentarle las transferencias a los “inversionistas” que se han adueñado de la salud panameña.
El sector salud (Ministerio, CSS y otras instituciones) representa más de US$2 mil millones en el presupuesto nacional. En la actualidad, la mitad de este monto es repartido entre los representantes de empresas particulares. Con el proyecto de ley, si es aprobada, el sector privado aumentaría su participación al 75 por ciento. Seguirían aumentado las tasas de morbilidad y no se atendería en forma integral a lo niños y madres.
Según el candidato popular a la Presidencia de la República, Juan Jované, el sistema actual de salud panameño excluye “al 20 por ciento de la población”. Además, “en un contexto de descalabro, se evidencia la carencia de medicamentos y de atención en todos los niveles”. La candidatura de Jované fue bloqueada por el Tribunal Electoral y, en la actualidad, está a la espera de un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia.
Siempre tengo presente las palabras y el ejemplo de José Renán Esquivel, quien luchó por medio siglo para hacer realidad un plan nacional de salud para todos los panameños. Su labor no fue en vano. Aparecerá una nueva generación que levantará sus banderas de "salud igual para todos" y de lucha que dirigirá el país en otra dirección hacia puertos seguros, lejos de las pirañas que se han adueñado del país, su población y de sus recursos, pero jamás de su espíritu combativo.
El primer paso en la recuperación de la salud panameña es suspender el debate en torno al proyecto de ley sobre salud en la Asamblea. Hay que expulsar a los mercaderes y a los políticos corruptos del “templo republicano” y regresar a una visión que ponga en primer lugar la salud de todos los panameños. El segundo paso es elaborar y ejecutar en forma urgente un plan nacional de salud que recupere el lema de “Salud igual para todos”.
Panamá, 16 de abril de 2009.

Seguridad ciudadana

En el lenguaje político y académico se ha puesto de moda la figura de la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir? Hay que asociar esta noción con los derechos y deberes del ciudadano. En primer lugar, entre los derechos se destaca el de elegir a sus gobernantes y a ser bien representado. (También incluye el poder de ser elegido). En segundo lugar, entre los deberes se encuentra el respetar las reglas sociales que el ciudadano contribuyó a crear.
Cuando los ciudadanos hacen valer sus derechos y cumplen con sus deberes, se puede hablar de seguridad ciudadana. En el caso de Panamá, en la actualidad tenemos un sistema político que convoca a los ciudadanos a elegir sus mandatarios cada cinco años. Sin embargo, hay un sentimiento generalizado de que la seguridad ciudadana no existe. Entre cada elección que se convoca hay un incremento de la violencia, aumenta la corrupción en la esfera pública y en sector privado, y se consolida el crimen organizado.
Como consecuencia, los ciudadanos eligen a sus gobernantes pero no se sienten representados. Al mismo tiempo, la ciudadanía trata de respetar las reglas pero es desbordada por una clase política atrapada en una compleja red de tráfico, de blanqueo y corrupción.
En los últimos 20 años este estilo de gobierno fue glorificado por los ideólogos neo-liberales que predicaban el “fin de la historia” y la sociedad del riesgo. Las políticas sociales y económicas reflejaban esta nueva religión que recorría el mundo. La sociedad y sus instituciones sociales se precarizaban. Es decir, segmentaron y debilitaron los valores asociados con la familia el trabajo y la educación. Las reformas legislativas, los decretos-leyes y la difusión de los antivalores apuntaban a la desintegración de la familia como núcleo formador, a la flexibilización del trabajo y a la destrucción del sistema educativo.
El resultado ha sido el incremento de los niveles de violencia y criminalidad sin que la sociedad cuente con las herramientas adecuadas para combatirlo. Los gobiernos recientes así como los candidatos actuales a la Presidencia, proponen medidas ajenas al problema de la falta de seguridad ciudadana. Las campañas hablan, por un lado, de mano dura con justicia social para reprimir a la juventud y aumentar la población carcelaria. Por el otro, de “calles seguras, un plan de protección ciudadana y seguridad nacional, que incluye una política criminológica basada en prevención, represión, rehabilitación e inserción”.
Hay que enfocar el problema de otra manera. La falta de seguridad ciudadana es consecuencia del incumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En vez de más cárceles, se necesita un plan de educación universal. No hay que hablar más de crear estamentos armados represivos y, en su lugar, hablemos de invertir en un plan nacional de salud (preventivo) y seguridad social.
Incluso, cuando se enfoca el problema del transporte urbano no se mencionan los derechos y deberes ciudadanos. Más bien, el transporte (como el resto de las políticas públicas) quedan reducidos a su significado mercantil: el negocio y las comisiones. La sociedad de clases se descubre al aparecer la desigualdad y las distinciones.
Sólo un pueblo concientes de sus derechos, organizado para defenderlos podrá crear las condiciones necesarias para rescatar la seguridad ciudadana. Lastimosamente, en esta campaña electoral no se ofrecen alternativas que presenten políticas coherentes e, incluso, propuestas con un mínimo de credibilidad.
Florianópolis, 9 de abril de 2009.

¿Tienen los candidatos propuestas de política exterior?

La política exterior de Panamá ha sido una constante a lo largo del siglo XX y los primeros años de la actual centuria: EEUU. Cuando el istmo se separó de Bogotá en 1903 inmediatamente entró en un proceso de negociación con EEUU en torno a la construcción del Canal de Panamá y, después, sobre la operación de la vía acuática. Fue una lucha popular titánica que ha dejado su huella sobre la República y sobre todos los panameños.
El país avanzó y logró importantes conquistas a mediados del siglo XX cuando el general Omar Torrijos negoció con Washington la eliminación de la Zona del Canal, la evacuación de las bases militares norteamericanas y la transferencia del Canal de Panamá. Las conquistas fueron mitigadas por la invasión armada norteamericana en 1989, recordándole a Panamá que seguía “bajo el paraguas del Pentágono”.
Desde esa fecha la política exterior de Panamá está sometida a una constante presión por parte de EEUU. Los gobiernos panameños han aceptado la intervención norteamericana en sus asuntos de seguridad, en sus políticas económicas e, incluso, en aspectos culturales. El área que más problemas ha generado – delincuencia, violencia y crimen organizado - lo constituye el creciente tráfico ilegal de drogas hacia EEUU sometido a una ferrea vigilancia por parte de las agencias especiales de ese país del norte.
Los candidatos a la Presidencia en las elecciones del 3 de mayo tienen plataformas similares en lo que respecta a la política exterior. Coinciden con relación al tratado de libre comercio con EEUU, con los acuerdos de seguridad militar celebrados con ese país, con la Zona Libre de Colón y el centro bancario. La candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, sin embargo, dice que su gobierno desarrollaría “una política exterior de relaciones con todas las naciones del mundo, con una vocación pluralista y concertadora”. No menciona a la República Popular de China que no ha sido reconocida por los gobiernos panameños desde 1949. En su programa dice que “seguirá con la política exterior que mantiene el gobierno” actual.
Martinelli no se siente incómodo proclamando sus posiciones ideológicas de derecha. Asegura que su “gobierno sería mucho más pro-norteamericano”. En una entrevista a un periodista de Miami, Martinelli señaló que los “votos de Panamá en las Naciones Unidas (estarían) en línea con la política exterior de EEUU, sobre todo en temas como la posición de Israel o los derechos humanos en Cuba”.
Sobre Venezuela y Cuba, dijo que “mantendría una relación de mutuo respeto y amistad entre naciones hermanas”. Sin embargo, “no (sería) una relación ideológica”. A un periódico de Caracas, Martinelli le aseguró que "diez años después de la llegada de Chávez, Venezuela está al borde del abismo económico, la pobreza ha aumentado y la democracia se ha destruido". Todo indica que Martinelli – si llega a la Presidencia - quedaría aislado entre los gobiernos de extrema derecha en América latina.
Por su lado, Balbina se controla y plantea que su política exterior sería “conforme a la ubicación geográfica de Panamá y a su tradición histórica”. ¿Quiere decir que recuperará la tradición de lucha del pueblo y de gobiernos del pasado? Su respuesta es menos que ambigua, sin compromiso alguno: “Participaremos activamente en los foros de las zonas de Norte y Meso-América, de Sur América, del Caribe y de la Cuenca del Pacífico... También evaluaremos las ventajas de sus diversas iniciativas de consulta política, coordinando con los sectores nacionales interesados”.
Panamá, 2 de abril de 2009.