Las cumbres y la crisis

Las recientes cumbres celebradas por el G20 en Londres, de la OEA en Puerto España y del ALBA en Caracas tuvieron un objetivo en común. Pretendían enfocar la crisis mundial y desarrollar políticas que mitigaran sus efectos. Los líderes del G20, cuyos países concentran el 85 por ciento de la producción mundial, se dividieron en cuanto a la acción que deben tomar para domar la recesión mundial. En Puerto España, Trinidad y Tobago, los presidentes del hemisferio occidental estuvieron en desacuerdo en casi todos los puntos colocados sobre la mesa. No llegaron a tocar la crisis mundial. Los seis países que llegaron a la reunión del ALBA tenían una agenda más sencilla y aprobaron resoluciones muy importantes para sus respectivos países.
El presidente Martín Torrijos no fue a Londres y tampoco viajó a la reunión de ALBA en Caracas. Sin embargo, si estuvo en la V Cumbre de la OEA donde saludó a Barak Obama, nuevo presidente de EEUU. También aprovechó para despedirse de sus colegas ya que dejará su cargo el 1º de julio de 2009. Además, informó al cónclave que se iniciaron los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.
La reunión de la OEA estuvo dominada por la figura de Obama y por la ausencia de Cuba. En EEUU, la prensa que no estaba muy segura en qué parte del mundo estaba su presidente, concentró su atención en el choque de manos entre el líder norteamericano y el presidente Hugo Chávez, de Venezuela. Desde que fue creada la OEA, su agenda siempre era impuesta por Washington. Obama, sin embargo, tuvo dificultades de poner orden en la casa que en ocho años (2001-2009) desmontó el expresidente George W. Bush.
El desorden en Puerto España – reflejado en los despachos de los medios de comunicación norteamericanos - no le permitió a los observadores en la región percatarse de los cambios importantes que se están produciendo en la región. Por un lado, la política del “garrote” acostumbrado por EEUU no está dando los resultados esperados. Los carteles de la droga montados en Colombia y México no están contribuyendo a estabilizar a los gobiernos de derecha. El monopolio comercial se esta fracturando frente a la disminución de importaciones norteamericanas de productos de la región. En su lugar ha aparecido la República Popular China como nuevo comprador de materias primas.
Por otro lado, se están formando bloques comerciales en la región que buscan fórmulas que le permita a los países mantener un mínimo de autonomía frente al mundo exterior. ALBA se ha movido en varias direcciones garantizando independencia energética y servicios sociales básicos a un número creciente de países. El Mercosur quiere convertirse en un bloque comercial con capacidad de negociar en el plano global. La mayoría de los países latinoamericanos apuntan su política exterior en varias direcciones manteniendo un equilibrio cuidadoso en función de sus intereses.
En el caso de Cuba, mantiene buenas relaciones con el Mercosur y mejores aún con ALBA. Además, es probable que logre dar pasos políticos importantes para disminuir la tensión casi cincuentenaria con EEUU. La viabilidad de Bolivia fue reconocida por sus vecinos e, incluso, Obama aseguró que su país no abanicará opciones golpistas como lo hacía su predecesor. Nuestro vecino, Costa Rica, acaba de establecer relaciones con Pekín con el cual desarrollará relaciones comerciales estratégicas.
Obama mencionó la existencia de “estados fallidos” como un peligro para la región. A diferencia de Bush, sin embargo, parece que se refería a los aliados más cercanos de Wahington: México, Colombia y, por supuesto, Haití. Antes de la cumbre de la OEA Obama viajó a México con Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interna del Estado) y llevó a su nuevo embajador Carlos Pascual (especialista en “estados fallidos”). También habló del despliegue de tropas a la frontera con México. Además, apunto a las dificultades para aprobar un “tratado comercial” con Colombia, país que no respeta los derechos humanos.
En Trinidad y Tobago, Obama hizo todos los gestos protocolares para extenderle la mano a los países que han sido más críticos de EEUU en los últimos años. Es una señal de otra manera de hacer política en función de la llamada “seguridad nacional” de EEUU. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua le recordó a Obama a quien le corresponde introducir los cambios. Según el mandatario sandinista, “Nicaragua no tiene que cambiar, los que tienen que cambiar son ustedes Presidente, porque Nicaragua nunca ha invadido a EEUU, Nicaragua nunca ha minado los puertos de EEUU, Nicaragua no ha lanzado un sola piedra en contra de la nación norteamericana, Nicaragua no ha impuesto gobiernos en EEUU”.
La economía mas poderosa del mundo se encuentra deslizándose en forma peligrosa hacia el abismo. Tiene que establecer nuevas relaciones estratégicas. Mientras que Bush ignoró a la región, Obama está decidido a hacer algo. La mala noticia es que ni él sabe a ciencia cierta que es lo que va a hacer. El desorden dejado por Bush es de tal magnitud en la Casa Blanca que todavía no han definido una estrategia.
La clase política panameña sigue colgada de la cola de Washington, sin saber cuales son las intenciones de los nuevos gobernantes demócratas que enfrentan duras decisiones en múltiples escenarios: económicas, militares y domésticas. En el caso de Panamá, a menos de dos semanas de las elecciones del 3 de mayo, ninguno de los candidatos a la Presidencia tiene un plan de desarrollo ni una política exterior coherente. La Embajada de EEUU sigue diseñando las políticas públicas del país y se ha convertido en la única fuerza capaz de darle a la clase política dominante líneas de acción.
En la V Cumbre no se discutió la crisis capitalista mundial y, en función de esa misma lógica, en Panamá la palabra crisis no se menciona. La economía panameña dependiente de la exportación de servicios sentirá a fines del presente año el golpe de la recesión. No se están haciendo los preparativos para enfrentar el reto. Torrijos regresó de la reunión de la OEA satisfecho, observando la trayectoria del tsunami económico que golpeará el istmo con dureza antes de fin de año.
Panamá, 23 de abril de 2008.

Torrijos decidido a privatizar la salud

Por más de 25 años el sistema de salud panameño se ha estado deteriorando como consecuencia de las políticas públicas de reajuste que privilegian los intereses de un puñado de empresarios, perjudicando a la población, especialmente niños y madres. Además, esta política contribuye a la violencia y a la criminalidad rampante al agudizar las enormes desigualdades sociales que caracterizan a Panamá.
Hemos insistido sobre la necesidad de enfocar los problemas sociales desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, planteamos que “la falta de seguridad ciudadana es consecuencia del incumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En vez de más cárceles, se necesita un plan de educación universal. Tampoco hay que hablar más de crear estamentos armados represivos y, en su lugar, hablemos de invertir en un plan nacional de salud (preventivo) y seguridad social”. Como respuesta a estos planteamientos, el gobierno panameño introdujo a la Asamblea de Diputados el proyecto de ley neoliberal que privatiza el sistema de salud del país. El presidente Martín Torrijos quiere dejarle a todos los panameños un sistema que ponga fin a 40 años de salud pública, inaugurado por su padre – el general Omar Torrijos H. – con la creación del Ministerio de Salud en 1969.
El lema del Ministerio de Salud, creado en aquella época, era “Salud igual para todos” y el plan reflejaba ese objetivo. Consistía en construir un sistema de salud a lo largo y ancho del país que le diera a todos los panameños – no importa de que origen social – la oportunidad de recibir atención en materia de salud. Se planteó como lo más importante para la salud el tener acceso a la buena alimentación, al saneamiento ambiental (mucho antes de los movimientos ambientalistas), al agua potable y a la vivienda que le diera protección a la familia. En segundo lugar, se privilegió el seguimiento del niño desde su nacimiento hasta los cinco años de edad y a la madre en la etapa de su gestación. En tercer lugar, se realizó una campaña permanente de educación y organización de las comunidades en torno a los problemas de la salud. Los gobiernos nacional y locales invertían sus recursos para trabajar con la gente en la construcción de centros de salud, escuelas, puentes, huertas y nuevas ideas en torno a la salud.
También se privilegió, en la década de 1970, la construcción y modernización de centros de salud y hospitales muy necesitados en el interior del país, así como en la Capital. Se hizo énfasis en la formación de profesionales y técnicos de la salud. Tampoco se olvidó estimular a los trabajadores de la salud mejorando sus ingresos y dándoles más responsabilidades en sus comunidades, en sus gremios y a nivel nacional. Se buscaron acuerdos de toda índole para que la gente tuviera acceso a los mejores medicamentos al precio más módico. El presupuesto destinado a la salud se multiplicó varias veces en la década de 1970 con los esfuerzos por elevar la participación de la gente en la producción de la salud. Cada familia, cada comunidad y el país entero se movilizó para hacer realidad el lema de “Salud igual para todos”.
Con los llamados “ajustes económicos” de la década de 1980, se cuestionó la viabilidad de los programas de salud de Panamá. Se planteó que la salud no era un derecho de la población. Más bien, decían los neoliberales que se insertaban en las oficinas públicas, la salud puede ser un buen negocio para el beneficio de los empresarios. Así se comenzó a hablar de la privatización del saneamiento ambiental y del agua. La atención de los niños y de la madre, en todo el país, comenzó a disminuir debido al alto costo que representaba. Los programas de educación permanente fueron debilitándose y con el tiempo se volvieron caricaturas introducidas por agencias como el Banco Mundial, el BID y el FMI.
A pesar de los recortes en servicios de salud, en la construcción de centros hospitalarios y en la compra de medicamentos, los presupuestos en el sector salud siguieron aumentando. A lo largo de la década de 1980 y 1990 los programas de salud del gobierno se convirtieron en excelentes negocios. Incluso, durante los años en que EEUU agredió con un bloqueó a Panamá (1987-1989) las ganancias fueron aún más generosas para los empresarios. La salud tal como fue concebida en la década de 1970 desapareció y se convirtió en un negocio. Las empresas farmacéuticas, de equipos médicos, las constructoras y sus financistas se repartían los presupuestos nacionales en combinación con funcionarios corruptos. Mientras más recursos tenía el presupuesto del gobierno menos servicios recibía la población y más ganancias hacían las empresas especializadas en descuartizar las aspiraciones populares.
Pero, incluso, este sistema de rapiña se hizo insuficiente para satisfacer las aspiraciones desorbitadas de quienes se beneficiaban del presupuesto de salud asignado por la nación. A fines de la década de 1990 y en la presente década, se desató una nueva ofensiva contra la salud de la gente. Los gobiernos PRD y panameñistas (incluyendo al actual candidato Martinelli) sacaron el machete decididos en cortarle todo recurso de salud a la población. En sus cinco años en la presidencia, Martín Torrijos y su equipo, han trabajado arduamente por convertir en ley un proyecto de “descentralización” de todos los servicios de salud. En la actualidad, el proyecto se está debatiendo en la Asamblea de Diputados.
El proyecto consiste en traspasar todo plan de salud del nivel nacional a los municipios. En Panamá hay 71 municipios. Con la excepción del distrito capital, los demás municipios viven en una situación deficitaria permanente. Reciben regularmente subvenciones del gobierno nacional para satisfacer sus necesidades. Los municipios – incluso el distrito capital – no tienen capacidad para confeccionar planes integrales de salud. En última instancia, los “planes” de salud caerían en manos de las empresas trasnacionales y sus socios locales, especializados en vender medicamentos, equipos de salud y prestar servicios. El objetivo de estas empresas, que someterán a los municipios así como a sus funcionarios, no será prestar servicios de salud. Su objetivo único es y seguirá siendo hacer dinero y garantizarle a sus dueños muchas ganancias.
Los gremios médicos y otros sectores han denunciado esta situación. Sin embargo, las empresas vinculadas a la salud han logrado silenciar a la opinión pública y a los medios de comunicación ante el atraco que tendrá costos muy elevados para el país. En la actualidad, la prestación de servicios de salud ha colapsado (Salud y CSS), la salud ambiental nunca ha estado peor (basura, dengue y otros problemas) y los indicadores cada día son más alarmantes (han regresado las enfermedades contagiosas, las respiratorias y las tasas altas de morbilidad). El gobierno señala que el presupuesto de salud incrementa anualmente. Es verdad, sin embargo, es para aumentarle las transferencias a los “inversionistas” que se han adueñado de la salud panameña.
El sector salud (Ministerio, CSS y otras instituciones) representa más de US$2 mil millones en el presupuesto nacional. En la actualidad, la mitad de este monto es repartido entre los representantes de empresas particulares. Con el proyecto de ley, si es aprobada, el sector privado aumentaría su participación al 75 por ciento. Seguirían aumentado las tasas de morbilidad y no se atendería en forma integral a lo niños y madres.
Según el candidato popular a la Presidencia de la República, Juan Jované, el sistema actual de salud panameño excluye “al 20 por ciento de la población”. Además, “en un contexto de descalabro, se evidencia la carencia de medicamentos y de atención en todos los niveles”. La candidatura de Jované fue bloqueada por el Tribunal Electoral y, en la actualidad, está a la espera de un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia.
Siempre tengo presente las palabras y el ejemplo de José Renán Esquivel, quien luchó por medio siglo para hacer realidad un plan nacional de salud para todos los panameños. Su labor no fue en vano. Aparecerá una nueva generación que levantará sus banderas de "salud igual para todos" y de lucha que dirigirá el país en otra dirección hacia puertos seguros, lejos de las pirañas que se han adueñado del país, su población y de sus recursos, pero jamás de su espíritu combativo.
El primer paso en la recuperación de la salud panameña es suspender el debate en torno al proyecto de ley sobre salud en la Asamblea. Hay que expulsar a los mercaderes y a los políticos corruptos del “templo republicano” y regresar a una visión que ponga en primer lugar la salud de todos los panameños. El segundo paso es elaborar y ejecutar en forma urgente un plan nacional de salud que recupere el lema de “Salud igual para todos”.
Panamá, 16 de abril de 2009.

Seguridad ciudadana

En el lenguaje político y académico se ha puesto de moda la figura de la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir? Hay que asociar esta noción con los derechos y deberes del ciudadano. En primer lugar, entre los derechos se destaca el de elegir a sus gobernantes y a ser bien representado. (También incluye el poder de ser elegido). En segundo lugar, entre los deberes se encuentra el respetar las reglas sociales que el ciudadano contribuyó a crear.
Cuando los ciudadanos hacen valer sus derechos y cumplen con sus deberes, se puede hablar de seguridad ciudadana. En el caso de Panamá, en la actualidad tenemos un sistema político que convoca a los ciudadanos a elegir sus mandatarios cada cinco años. Sin embargo, hay un sentimiento generalizado de que la seguridad ciudadana no existe. Entre cada elección que se convoca hay un incremento de la violencia, aumenta la corrupción en la esfera pública y en sector privado, y se consolida el crimen organizado.
Como consecuencia, los ciudadanos eligen a sus gobernantes pero no se sienten representados. Al mismo tiempo, la ciudadanía trata de respetar las reglas pero es desbordada por una clase política atrapada en una compleja red de tráfico, de blanqueo y corrupción.
En los últimos 20 años este estilo de gobierno fue glorificado por los ideólogos neo-liberales que predicaban el “fin de la historia” y la sociedad del riesgo. Las políticas sociales y económicas reflejaban esta nueva religión que recorría el mundo. La sociedad y sus instituciones sociales se precarizaban. Es decir, segmentaron y debilitaron los valores asociados con la familia el trabajo y la educación. Las reformas legislativas, los decretos-leyes y la difusión de los antivalores apuntaban a la desintegración de la familia como núcleo formador, a la flexibilización del trabajo y a la destrucción del sistema educativo.
El resultado ha sido el incremento de los niveles de violencia y criminalidad sin que la sociedad cuente con las herramientas adecuadas para combatirlo. Los gobiernos recientes así como los candidatos actuales a la Presidencia, proponen medidas ajenas al problema de la falta de seguridad ciudadana. Las campañas hablan, por un lado, de mano dura con justicia social para reprimir a la juventud y aumentar la población carcelaria. Por el otro, de “calles seguras, un plan de protección ciudadana y seguridad nacional, que incluye una política criminológica basada en prevención, represión, rehabilitación e inserción”.
Hay que enfocar el problema de otra manera. La falta de seguridad ciudadana es consecuencia del incumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En vez de más cárceles, se necesita un plan de educación universal. No hay que hablar más de crear estamentos armados represivos y, en su lugar, hablemos de invertir en un plan nacional de salud (preventivo) y seguridad social.
Incluso, cuando se enfoca el problema del transporte urbano no se mencionan los derechos y deberes ciudadanos. Más bien, el transporte (como el resto de las políticas públicas) quedan reducidos a su significado mercantil: el negocio y las comisiones. La sociedad de clases se descubre al aparecer la desigualdad y las distinciones.
Sólo un pueblo concientes de sus derechos, organizado para defenderlos podrá crear las condiciones necesarias para rescatar la seguridad ciudadana. Lastimosamente, en esta campaña electoral no se ofrecen alternativas que presenten políticas coherentes e, incluso, propuestas con un mínimo de credibilidad.
Florianópolis, 9 de abril de 2009.

¿Tienen los candidatos propuestas de política exterior?

La política exterior de Panamá ha sido una constante a lo largo del siglo XX y los primeros años de la actual centuria: EEUU. Cuando el istmo se separó de Bogotá en 1903 inmediatamente entró en un proceso de negociación con EEUU en torno a la construcción del Canal de Panamá y, después, sobre la operación de la vía acuática. Fue una lucha popular titánica que ha dejado su huella sobre la República y sobre todos los panameños.
El país avanzó y logró importantes conquistas a mediados del siglo XX cuando el general Omar Torrijos negoció con Washington la eliminación de la Zona del Canal, la evacuación de las bases militares norteamericanas y la transferencia del Canal de Panamá. Las conquistas fueron mitigadas por la invasión armada norteamericana en 1989, recordándole a Panamá que seguía “bajo el paraguas del Pentágono”.
Desde esa fecha la política exterior de Panamá está sometida a una constante presión por parte de EEUU. Los gobiernos panameños han aceptado la intervención norteamericana en sus asuntos de seguridad, en sus políticas económicas e, incluso, en aspectos culturales. El área que más problemas ha generado – delincuencia, violencia y crimen organizado - lo constituye el creciente tráfico ilegal de drogas hacia EEUU sometido a una ferrea vigilancia por parte de las agencias especiales de ese país del norte.
Los candidatos a la Presidencia en las elecciones del 3 de mayo tienen plataformas similares en lo que respecta a la política exterior. Coinciden con relación al tratado de libre comercio con EEUU, con los acuerdos de seguridad militar celebrados con ese país, con la Zona Libre de Colón y el centro bancario. La candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, sin embargo, dice que su gobierno desarrollaría “una política exterior de relaciones con todas las naciones del mundo, con una vocación pluralista y concertadora”. No menciona a la República Popular de China que no ha sido reconocida por los gobiernos panameños desde 1949. En su programa dice que “seguirá con la política exterior que mantiene el gobierno” actual.
Martinelli no se siente incómodo proclamando sus posiciones ideológicas de derecha. Asegura que su “gobierno sería mucho más pro-norteamericano”. En una entrevista a un periodista de Miami, Martinelli señaló que los “votos de Panamá en las Naciones Unidas (estarían) en línea con la política exterior de EEUU, sobre todo en temas como la posición de Israel o los derechos humanos en Cuba”.
Sobre Venezuela y Cuba, dijo que “mantendría una relación de mutuo respeto y amistad entre naciones hermanas”. Sin embargo, “no (sería) una relación ideológica”. A un periódico de Caracas, Martinelli le aseguró que "diez años después de la llegada de Chávez, Venezuela está al borde del abismo económico, la pobreza ha aumentado y la democracia se ha destruido". Todo indica que Martinelli – si llega a la Presidencia - quedaría aislado entre los gobiernos de extrema derecha en América latina.
Por su lado, Balbina se controla y plantea que su política exterior sería “conforme a la ubicación geográfica de Panamá y a su tradición histórica”. ¿Quiere decir que recuperará la tradición de lucha del pueblo y de gobiernos del pasado? Su respuesta es menos que ambigua, sin compromiso alguno: “Participaremos activamente en los foros de las zonas de Norte y Meso-América, de Sur América, del Caribe y de la Cuenca del Pacífico... También evaluaremos las ventajas de sus diversas iniciativas de consulta política, coordinando con los sectores nacionales interesados”.
Panamá, 2 de abril de 2009.