Seguridad ciudadana

En el lenguaje político y académico se ha puesto de moda la figura de la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir? Hay que asociar esta noción con los derechos y deberes del ciudadano. En primer lugar, entre los derechos se destaca el de elegir a sus gobernantes y a ser bien representado. (También incluye el poder de ser elegido). En segundo lugar, entre los deberes se encuentra el respetar las reglas sociales que el ciudadano contribuyó a crear.
Cuando los ciudadanos hacen valer sus derechos y cumplen con sus deberes, se puede hablar de seguridad ciudadana. En el caso de Panamá, en la actualidad tenemos un sistema político que convoca a los ciudadanos a elegir sus mandatarios cada cinco años. Sin embargo, hay un sentimiento generalizado de que la seguridad ciudadana no existe. Entre cada elección que se convoca hay un incremento de la violencia, aumenta la corrupción en la esfera pública y en sector privado, y se consolida el crimen organizado.
Como consecuencia, los ciudadanos eligen a sus gobernantes pero no se sienten representados. Al mismo tiempo, la ciudadanía trata de respetar las reglas pero es desbordada por una clase política atrapada en una compleja red de tráfico, de blanqueo y corrupción.
En los últimos 20 años este estilo de gobierno fue glorificado por los ideólogos neo-liberales que predicaban el “fin de la historia” y la sociedad del riesgo. Las políticas sociales y económicas reflejaban esta nueva religión que recorría el mundo. La sociedad y sus instituciones sociales se precarizaban. Es decir, segmentaron y debilitaron los valores asociados con la familia el trabajo y la educación. Las reformas legislativas, los decretos-leyes y la difusión de los antivalores apuntaban a la desintegración de la familia como núcleo formador, a la flexibilización del trabajo y a la destrucción del sistema educativo.
El resultado ha sido el incremento de los niveles de violencia y criminalidad sin que la sociedad cuente con las herramientas adecuadas para combatirlo. Los gobiernos recientes así como los candidatos actuales a la Presidencia, proponen medidas ajenas al problema de la falta de seguridad ciudadana. Las campañas hablan, por un lado, de mano dura con justicia social para reprimir a la juventud y aumentar la población carcelaria. Por el otro, de “calles seguras, un plan de protección ciudadana y seguridad nacional, que incluye una política criminológica basada en prevención, represión, rehabilitación e inserción”.
Hay que enfocar el problema de otra manera. La falta de seguridad ciudadana es consecuencia del incumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos. En vez de más cárceles, se necesita un plan de educación universal. No hay que hablar más de crear estamentos armados represivos y, en su lugar, hablemos de invertir en un plan nacional de salud (preventivo) y seguridad social.
Incluso, cuando se enfoca el problema del transporte urbano no se mencionan los derechos y deberes ciudadanos. Más bien, el transporte (como el resto de las políticas públicas) quedan reducidos a su significado mercantil: el negocio y las comisiones. La sociedad de clases se descubre al aparecer la desigualdad y las distinciones.
Sólo un pueblo concientes de sus derechos, organizado para defenderlos podrá crear las condiciones necesarias para rescatar la seguridad ciudadana. Lastimosamente, en esta campaña electoral no se ofrecen alternativas que presenten políticas coherentes e, incluso, propuestas con un mínimo de credibilidad.
Florianópolis, 9 de abril de 2009.