¡Cómo erradicar la criminalidad!

Las políticas públicas diseñadas y ejecutadas por los gobiernos panameños en las últimas dos décadas han incrementado las pandillas juveniles, la población carcelaria (que no cabe en los centros de detención) y el tráfico ilegal de servicios y bienes. Al mismo tiempo, la corrupción ha penetrado todos los sectores más encumbrados de los sectores público y privado, observándose un abuso creciente en el sistema de transporte, en el desarrollo urbano y en los medios de comunicación.
La población panameña tiene que soportar el incremento de las batallas entre pandillas, los secuestros y ejecuciones, así como los robos a mano armada. Las autoridades más encumbradas, desde la Presidencia de la República hasta el corregidor de barrio, pasando por la institución policíaca, se confiesan incapaces de enfrentar la ola del crimen.
Esta frustración tiene una razón muy sencilla: Las políticas públicas que se aplican y la corrupción que caracteriza a quienes tienen el poder. La solución a los problemas de criminalidad sólo se puede alcanzar modificando las políticas públicas.
En primer lugar, es urgente que, a todos los niveles, se regule todo lo referente a la producción e intercambio de bienes y servicios. Hay que poner fin a las llamadas políticas de “desregulación” que crea más empleo informal. Al mismo tiempo, el sector público tiene que invertir más en el desarrollo de las comunidades, en la educación y en la salud. Hay que recuperar el tejido económico y social de la sociedad panameña
Segundo, la clave para poner fin a la criminalidad está en la creación de oportunidades para que la juventud estudie y trabaje. En la medida en que estos dos objetivos no se logren, la criminalidad seguirá azotando al país. Los gobiernos de turno tienen que intervenir con energía - y de manera planificada - utilizando los recursos que genera la riqueza nacional para generar empleos productivos. En la actualidad, la mayoría de la juventud – población entre los 16 y 30 años de edad – se encuentra sin empleos decentes y sin oportunidades de encontrar mecanismos para formarse.
Tercero, hay que rescatar las fábricas en las ciudades y en los centros agroindustriales que han cerrado o se están cerrando. La elite política panameña celebra los resultados de sus políticas destructivas señalando que Panamá no es un país “productivo”. La economía panameña – dicen los enemigos de la nación que gobiernan - sólo debe generar servicios para acelerar el tránsito por el Istmo. Esta visión negativa de país no excluye el tráfico ilegal de mercancías y personas, la promoción de juegos del azar, prostitución y la especulación en bienes raíces.
En resumen, hay que invertir recursos en la juventud panameña y poner fin al saqueo de las arcas fiscales del país por una pequeña elite. Es una lástima que el actual presidente de la República es un firme defensor de la idea que Panamá no debe producir riquezas. Hay estudios del Banco Mundial que recomiendan que Panamá invierta en actividades productivas. Un incremento del 2 por ciento de la producción en estos sectores puede eliminar el 15 por ciento de la pobreza (donde está el 40 por ciento de la población). La disminución de la pobreza (desigualdad social) es la mejor arma para golpear la corrupción y el crimen organizado.
Panamá, 24 de septiembre de 2009.