Entre los mejores ejemplos de corrupción a la panameña, abierta y sin tapujos, se destaca la instalación de una planta de molienda de clinker (cemento) a orillas del Canal de Panamá en la ciudad de Panamá. Es un proyecto que cuenta con el apoyo directo de las esferas gubernamentales más altas e impulsado por el especulador argentino, Samuel Liberman. Según los entendidos, el proyecto viola la ley panameña, pone en peligro la salud de los residentes de la capital y, además, le crea problemas al tránsito de barcos por el Canal de Panamá.
El primer escollo que lograron superar los asociados del empresario argentino fue el Ministerio de Vivienda. Este despacho, bajo la conducción de la actual candidata a la Presidencia, Balbina Herrera, cambió la zonificación del área el 26 de febrero de 2007 para permitir que se desarrollaran actividades manufactureras a orillas del Canal. La decisión viola todas las leyes aprobadas en los tiempos de la Autoridad Regional Interoceánica (ARI) que han sido sistemáticamente ignoradas por el actual gobierno.
El segundo escollo fue superado con igual pericia. Los defensores del ambiente y de la transparencia gubernamental pensaron que encontrarían entre los nueve miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) los aliados para detener los planes del especulador argentino y sus socios nacionales. En un principio así fue: a fines de 2006 la ACP rechazó la solicitud del argentino para instalar su fábrica de clinker a orillas del Canal. Sin embargo, un año después, en diciembre de 2007, luego de presentar un recurso de reconsideración, la ACP otorgó el permiso de compatibilidad con el funcionamiento del Canal de Panamá.
El tercer escollo se doblegó de manera muy parecida a los primeros dos. Debido a que la construcción de la fábrica de clinker en un área urbana y a orillas del Canal viola todos las premisas de sostenibilidad ambiental, la Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) resolvió a principios de 2007 rechazar la solicitud correspondiente. Sin embargo, el 2 de enero de 2008, la ANAM retrocedió y aprobó el estudio de impacto ambiental, alegando que no había impedimentos para que este proyecto se realizara.
El cuarto escollo fue la Corte Suprema de Justicia que falló a favor del empresario argentino y en contra de una demanda interpuesta por la violación de la legislación panameña que representaba la fábrica de clinker a orillas del Canal. El 1º de septiembre de 2008, la Corte ordenó el levantamiento de la suspensión provisional que pesaba sobre el proyecto que afectará la salud de todos los panameños.
El quinto escollo que aún tiene que enfrentar Liberman y sus socios es, por un lado, la opinión pública y, por el otro, las protestas populares de todos los panameños. Organizaciones como el Comité Pro Defensa de Bosques Urbanos y el Comité pro Parque Nacional Camino de Cruces, ya han movilizado sus fuerzas contra el insano proyecto que tiene el favor de las esferas más altas del gobierno. Según una encuesta de Dichter & Neira, realizada el año pasado, el 71 por ciento de los panameños rechaza la instalación de la fábrica de clinker.
Panamá, 26 de febrero de 2009.
miércoles, 25 de febrero de 2009
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