CORRUPCIÓN E INMUNIDAD ELECTORAL

“La Fiscalía Electoral debe levantar la inmunidad a ambos candidatos e investigar los montos y la procedencia de las donaciones privadas que han recibido”: Juan Jované

Las redes del crimen organizado han estado haciendo su trabajo a todos los niveles de la sociedad panameña desde hace muchos años. La llamada “narcodictadura” que recibió un golpe certero con motivo de la invasión militar norteamericana de 1989, fue reemplazada por otra forma de hacer negocios en el país. Tanto los gobiernos de turno como los intereses económicos dominantes, en estrecha alianza con EEUU, elaboraron un tejido que no está dando los resultados esperados.
La corrupción afloró a principios de la década de 1990, cuando los militares norteamericanos ocuparon los ministerios y se encargaron directamente de los negocios de las antiguas Fuerzas de Defensa (FDP), con la abierta colaboración de la clase política y el sector empresarial. Desde entonces se han aprobado leyes y se han firmado tratados con EEUU para que el sistema se consolide.
Panamá recibe todo clase de especuladores – tanto legales como ilegales – bajo el principio falso de que toda inversión extranjera contribuye al desarrollo del país. En la actualidad, el gobierno tiene acuerdos con firmas que son perseguidas en sus países de origen. Los dirigentes políticos del más alto nivel viajan en aviones privados de empresarios extranjeros.
En estas condiciones, no sorprende que la misma Presidencia de la República se haya convertido en una plaza cotizada por la mafia internacional. Las declaraciones del especulador colombiano David Murcia, extraditado recientemente a Colombia acusado por lavado de dinero y otros delitos, en el sentido de que ha “invertido” millones de dólares en la campaña electoral panameña es un indicador del grado de corrupción que caracteriza actualmente a Panamá.
La clase política panameña ha rechazado las implicaciones de las declaraciones de Murcia. Sin embargo, en su afán de sacar provecho político de la situación, ha abierto la “caja de Pandora” y se ha derramado toda la inmundicia de la corrupción sobre la sociedad civil panameña. Sólo los sectores políticos populares, marginados por el sistema electoral panameño, han planteado la necesidad de actuar rápido y poner fin a una situación insostenible.
La incursión de la mafia lavadora colombiana en la política electoral panameña fue tan penetrante que obligó a la Procuraduría General de la Nación a pedirle al Tribunal Electoral que le levantara la inmunidad a dos candidatos inscritos a la Presidencia de la República, así como al candidato oficialista a la Alcaldia de la ciudad Capital y a otra política opositora. El Tribunal Electoral accedió a la petición y se supone que la procuradora procederá con la investigación.
El candidato a la Presidencia, cuya postulación fue bloqueada por ser independiente, Juan Jované, declaró que “el sistema electoral panameño se encuentra en una crisis terminal. La última manifestación de esta crisis son las acusaciones mutuas de las campañas presidenciales de Balbina Herrera y Ricardo Martinelli, en el sentido de que han recibido dinero sucio del señor Murcia”. Jované planteó la necesidad de exigirle “a la Fiscalía Electoral que levante la inmunidad a ambos candidatos e investigue los montos y la procedencia de las donaciones privadas que han recibido”.
En conferencia de prensa, Jované “lamentó que la actitud del Tribunal Electoral panameño sea la de mirar para otro lado... Insiste en sus reglas antidemocráticas que amparan esas donaciones secretas por la que se compra a los candidatos a cambio de favores a futuro”. Según el candidato popular, esta política es la “fuente de la corrupción rampante que ha reinado en el país en los últimos años”.
Por su lado, FRENADESO señaló que “se debe crear una Comisión realmente independiente e imparcial que investigue los graves hechos denunciados. Cualquiera que resulte electo en esta farsa electoral, encabezará un gobierno espurio”.
FRENADESO planteó que “cualquiera sea el candidato que resulte electo en esta patraña electoral, encabezará un gobierno ilegítimo, espurio, salpicado por el narcotráfico, el descrédito y el bochorno”.
En un comunicado, el frente popular aseguró que “la ciudadanía siente que la corrupción generalizada ha alcanzado todas las esferas del Estado - incluso el presente torneo electoral - y asiste estupefacta a unas elecciones sin alternativas reales con dos candidatos principales bajo sospecha”.
En 1989 EEUU acusó al gobierno de introducir dineros de la “narcomafia” en la campaña electoral. EEUU, a su vez, canalizaba fondos de origen desconocido a la candidatura de la oposición. Todo indica que la práctica continua siendo parte de los procesos electorales. Según FRENADESO, “el escándalo desatado por las declaraciones de Murcia, en torno a donaciones a las campañas, pone de manifiesto el grado de descomposición de la clase política panameña y del sistema electoral que nos rige, abierto al lavado de dinero del narcotráfico y de otras operaciones fraudulentas”.
FRENADESO agregó que “si esta campaña se caracteriza por su falta de propuestas para atender los ingentes problemas nacionales, siendo en tal sentido una de las peores campañas electorales que se han celebrado, este último ingrediente ha puesto al descubierto a los políticos corruptos, quienes en su afán por hacerse del control del poder son capaces de las peores intrigas y componendas”.
En las campañas electorales que siguieron en la década de 1990 se volvieron a hacer acusaciones. Sin embargo, las denuncias no eran tomadas en cuenta por la clase política. A fines de la primera década del siglo XXI, según FRENADESO “las declaraciones de Murcia no sólo salpican la clase política criolla sino también a la clase empresarial y las entidades bancarias que abren sus puertas a especuladores y blanqueadores de dinero, sin reparo alguno, a cambio de jugosas ganancias”.
“Ahora, algunos voceros de la clase política y empresarial claman porque se censuren las declaraciones de Murcia y se eche tierra a este episodio por lo que ello puede implicar para la estabilidad e imagen del país. En el fondo, el interés de la mafiocracia es que nunca se sepa la verdad a fondo y que este caso quede en el olvido y la impunidad, como tantos otros”, terminó manifestando FRENADESO.
A su vez, Jované concluyó que “la crisis de credibilidad por la que atraviesa el actual proceso electoral es producto de un sistema construido para que, con el amparo de los magistrados del Tribunal Electoral, sigan controlando el sistema los partidos y políticos desprestigiados que nos han gobernado los últimos 20 años, y que impide el surgimiento de opciones diferentes, incluso violando la Constitución Política de Panamá”.
Panamá, 19 de marzo de 2009.